Conocimiento asesor diario

El Gobierno diseña un seguro obligatorio para patinetes

El Gobierno ha puesto en marcha la normativa que obligará a los vehículos de la nueva movilidad (VMP) a tener un seguro de responsabilidad civil. Ahora los patinetes, bicicletas y elementos similares con tracción no están obligados a contar con esta cobertura destinada a afrontar económicamente los daños que se puedan causar a terceros como sí ocurre con los coches.

Este cambio se recogerá en la futura Ley de responsabilidad civil de vehículos a motor que preparan los ministerios de Economía y de Justicia, que irá al Consejo de Ministros en las próximas semanas para iniciar después la tramitación parlamentaria. "La protección de los terceros perjudicados, en especial los de mayor vulnerabilidad, aconseja la introducción de determinadas obligaciones legales de aseguramiento, hasta el momento inexistentes, para los denominados vehículos de movilidad personal y aquellos que cuenten con sistema de pedaleo asistido", afirma el documento inicial del proyecto de Ley elaborado por Economía y Justicia.

La futura ley debe incluir el contenido de la Directiva que sobre esta materia se aprobó en noviembre de 2021 y que faculta expresamente a los Estados miembros de la Unión Europea a extender la etiqueta de vehículos a motor, a efectos del seguro obligatorio, a las nuevas formas de movilidad. Según la Dirección General de Tráfico un VMP es "un vehículo con una o más ruedas, de una sola plaza y propulsado únicamente por motores eléctricos a una velocidad de entre 6 y 25 km/hora".

El documento previo de consulta de la futura ley apunta que durante el proceso de tramitación normativa se deberán analizar cuestiones como qué límites mínimos de aseguramiento obligatorio deben exigirse en función del riesgo que puedan generar, o en qué medida es preferible articular un seguro sobre la base tradicional de una póliza por cada vehículo o sobre la más novedosa" de asegurar al conductor de estos vehículos.

Para analizar la viabilidad y consecuencias de estas variables y otras que surjan en el diseño de esta cobertura, Economía y Justicia han encargado un informe a la Comisión de Seguimiento del Baremo, que fija las indemnizaciones a las víctimas personales de accidentes de tráfico. En ella están representados los dos ministerios, las aseguradoras, las víctimas, el Consorcio de Compensación de Seguros y otros expertos legales y actuariales en la materia.

La futura ley incluirá cual debe ser el papel del Consorcio de Seguros, empresa pública integrada en el Ministerio de Economía, en las nuevas coberturas a VMP en los casos de incumplimiento de la obligación de circular con un seguro o en los de rechazo de la contratación de estas pólizas por las aseguradoras.

La obligación de suscribir un seguro para los vehículos y conductores de nueva movilidad coge fuerza en los últimos años tras la aparición de estos mecanismos y de los múltiples accidentes que provocan. Ante esta situación una parte de las aseguradoras ofrece la cobertura de la responsabilidad civil de los usuarios de estos VMP a través de pólizas de otros tipos como, por ejemplo, las de hogar. En estos casos se cubre al conductor, no al vehículo.

Las compañías sostienen que para poder suscribir un seguro de responsabilidad civil del vehículo debería existir un sistema para identificarle, como ocurre con las matrículas de los coches, aunque podría ser cualquier otro localizador irrefutable.

En lo que sí parece haber consenso es en la necesidad de contar con un escudo que cubra a las posibles víctimas de los atropellos, ya que en caso contrario pueden quedar totalmente desprotegidas si el causante del accidente resulta insolvente.

Esta necesidad se detecta tras un aumento exponencial de los accidentes en los que están implicados patinetes eléctricos o similares, y que han causado ya varios fallecidos, lo que ha llevado a varias instituciones como la Dirección General de Tráfico a abogar por exigir un seguro obligatorio. Los ayuntamientos también son partidarios de tomar cartas en el asunto, pero no tiene competencias para exigir la contratación obligatoria de un seguro de responsabilidad civil para los VMP.