Las grandes empresas enfrentarán restricciones en la compensación de pérdidas debido al pago fraccionado mínimo del Impuesto de Sociedades. Tras la decisión del Tribunal Constitucional de anular el Real Decreto-ley de 2016 propuesto por Cristóbal Montoro, las empresas tienen la oportunidad de compensar las bases imponibles negativas por primera vez en ocho años. Dicha norma establecía límites para minorar estas pérdidas en el Impuesto de Sociedades, limitando la compensación al 50% para empresas con un volumen de negocio entre 20 y 60 millones de euros, y al 25% para aquellas que superaran los 60 millones.
Andrés Máiz, asociado senior del Departamento de Fiscal de Araoz & Rueda, señala que esta posibilidad de compensación podría verse limitada por el pago fraccionado mínimo del 23% del Impuesto de Sociedades.
Montoro introdujo este pago fraccionado mínimo en el Real Decreto-ley 2/2016 del 30 de septiembre para aumentar la recaudación. Aunque el Tribunal Constitucional lo anuló en 2020, el Gobierno del PP lo incluyó en la Ley de Presupuestos Generales de 2018 ante la posibilidad de que fuera impugnado.
El pago fraccionado es un anticipo del Impuesto de Sociedades que se abona en el tercer, noveno y undécimo mes del ejercicio, y que se ajusta el año siguiente (en julio) para determinar si Hacienda debe devolver al contribuyente o este debe ingresar más.
"Ahora que las empresas pueden compensar las bases imponibles negativas, podrían pagar un monto de pago fraccionado inferior al que les corresponde por el 23% del pago mínimo", explica Máiz. "Al final, en julio del año siguiente, podrán compensar el exceso pagado. Sin embargo, están adelantando un impuesto que no deberían pagar. Esto puede tener un impacto financiero significativo", agrega. Según él, podría plantearse impugnar esta medida por ser contraria al principio de capacidad económica.
Aunque actualmente no está vigente la obligación para las grandes empresas de limitar la compensación de pérdidas, el Gobierno planea reintroducir la medida. El PSOE ha incluido una enmienda al Proyecto de Ley de medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania y la seguía, que reincorpora todos los cambios realizados por Montoro en Sociedades en 2016. Esta enmienda justifica las medidas como una forma de contrarrestar la menor recaudación debido a la sentencia del Constitucional.
(El Economista, 02-04-2024)