En cuanto a la relación entre el salario percibido y el salario real, los trabajadores españoles se encuentran en una posición desfavorable. Un trabajador promedio en España recibe un salario total real de 34.989 euros, pero de esta cantidad se deben descontar 8.157 euros en cotizaciones a cargo de la empresa, 1.731 euros en contribuciones a nombre del trabajador, además de 3.860 euros en IRPF y un gasto acumulado por IVA de 1.450 euros. Por lo tanto, el 43,44% del salario total se destina a las arcas de Hacienda debido a estas tres figuras fiscales. Si agregamos el impacto del IBI a las cotizaciones sociales, el IRPF y el IVA, un trabajador promedio terminaría pagando 15.480 euros en impuestos cada año, lo que asciende al 44,24% de su salario total.
Pero hay más, ya que además de estas cifras, hay que considerar el impacto de las rentas del ahorro, que a lo largo del tiempo representan aproximadamente 20.000 euros por familia, los impuestos sobre herencias y patrimonio (actualmente en proceso de armonización), la tributación de las primas de seguros (alrededor de 110 euros por hogar), los impuestos aplicados a la compra de vivienda (aproximadamente el 26% del precio final a pagar, lo que equivale a 50.000 euros en una adquisición de 200.000 euros), los gravámenes relacionados con la compra y el uso de automóviles (incluyendo el IVA, los tributos de matriculación y circulación, así como multas recaudatorias, normativa WLTP e impuestos sobre combustibles), y los impuestos sobre el consumo de alcohol (equivalente al 40% del precio final) o tabaco (en torno al 80%). Considerando todas estas figuras tributarias, el contribuyente promedio en España paga más del 50% de lo que gana a Hacienda.
En el año 2018, cuando Pedro Sánchez asumió el cargo, la presión fiscal en España era 5,7 puntos porcentuales menor que la media de la Unión Europea; para 2022, último año con datos finales disponibles, esta diferencia se redujo a 2,9 puntos porcentuales del PIB. Esto significa que se ha logrado la mitad del objetivo de igualar la presión fiscal con Europa, pero con un salario considerablemente más bajo.
(La Razón, 03-04-2024)