Este jueves, PSOE y Unidas Podemos, a través de sus grupos parlamentarios en el Congreso, registraron las enmiendas que darán forma a los nuevos gravámenes que afectarán a energéticas, banca y grandes fortunas. En general, más allá de la inclusión de las entidades extranjeras en la tasa bancaria, hay pocas sorpresas. Hacienda gravará durante al menos dos años las riquezas netas de más de tres millones de euros, mantendrá la deducción del 100% si se abona Patrimonio y llevará la gestión a nivel estatal. De hecho, en País Vasco y Navarra, regiones con regímenes propios, el Gobierno abre la puerta a que también opere el tributo a la riqueza.
Así, la titularidad de las competencias de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión del impuesto corresponderá al Estado, mientras que la concertación del tributo al Concierto Económico del País Vasco y del Convenio Económico de Navarra se acordará respectivamente en la Comisión Mixta con ambas comunidades.
El Gobierno de coalición anunció recientemente la creación de esta nueva figura impositiva, diseñada expresamente para neutralizar las bonificaciones que aplican sobre el impuesto al patrimonio varias autonomías gobernadas por el Partido Popular. El nuevo tributo actuará sobre las riquezas netas de más de tres millones de euros con tres tipos marginales diferentes en función del patrimonio en cuestión y tendrá una deducción del 100% en las regiones en las que sí se aplique el impuesto original. Por ello, en la práctica, solo tendrá efectos en Madrid, Andalucía y Galicia, las tres regiones que bonifican total o parcialmente el impuesto sobre el patrimonio. Entre los pequeños cambios, incluye un mínimo exento de 700.000 euros, dando cierto margen a las fortunas menos acaudaladas.
En un principio, el Ejecutivo explicó que la figura gravaría la riqueza declarada en 2023 por unos 23.000 contribuyentes afectados, con el objetivo de recaudar cerca de 1.500 millones de euros cada año. Sin embargo, según recogía el Plan Presupuestario enviado hace dos semanas a la Comisión Europea, la aplicación se adelantará un ejercicio. La propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en su análisis de las cuentas públicas, confirmó que las previsiones de ingresos del Gobierno incluyen los efectos de esta nueva figura ya desde 2023, si bien difirió con Hacienda respecto a las cifras de recaudación, rebajándolas en unos 300 millones de euros.
La letra pequeña del tributo, en todo caso, se alinea con el diseño que ha ido avanzando Hacienda a lo largo de las últimas semanas y que se resume, a grandes rasgos, en replicar los detalles del impuesto sobre el patrimonio. Así, se mantienen las exenciones contempladas en el articulado del tributo original, como puede ser los 300.000 euros de vivienda habitual o la empresa familiar, entre otras.
El tributo también mantendrá el límite de renta y patrimonio, pensado para no castigar a aquellas grandes fortunas con pocos ingresos. Así, detallan las enmiendas, "la cuota íntegra" del nuevo impuesto, conjuntamente con las cuotas del IRPF y Patrimonio, "no podrá exceder, para los sujetos pasivos sometidos al impuesto por obligación personal, del 60% de la suma de las bases imponibles del primero". Además, en el supuesto de que la suma de las cuotas de los tres impuestos supere el límite anterior, "se reducirá la cuota de este impuesto hasta alcanzar el límite indicado, sin que la reducción pueda exceder del 80%".
También resultará aplicable la deducción por impuestos satisfechos en el extranjero que recoge Patrimonio. El devengo, por su parte, se realizará el 31 de diciembre y afectará al patrimonio neto del cual sea titular el sujeto pasivo.
Hacienda, en paralelo, obligará a los afectados que no sean residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea a nombrar, antes del fin del plazo de declaración del impuesto, una persona física o jurídica con residencia en España para que les represente ante la Administración Tributaria. Esta obligación también afectará a los residentes que se ausenten de España tras la realización del hecho imponible con destino a un tercer país, "salvo si su regreso se fuera a producir antes de la finalización del plazo de presentación".
El Gobierno, como ya había anunciado hace semanas, incluye en sus enmiendas una cláusula que permitiría prorrogar o incluso convertir en permanente un impuesto que aparentemente nace con carácter temporal.
En las enmiendas que recogen la justificación del tributo, PSOE y Unidas Podemos recalcan que el primer motivo es eminentemente recaudatorio, con el fin de sufragar los gastos derivados de la crisis energética. La segunda razón, sin embargo, es "armonizadora", con el objetivo de disminuir las diferencias en el gravamen del patrimonio en las distintas comunidades autónomas.
Esta figura impositiva no es la única novedad en materia tributaria. Entre los principales cambios impulsados por el Gobierno se encuentran también las llamadas prestaciones patrimoniales no tributarias sobre los beneficios extraordinarios de banca y grandes energéticas, por un lado, y la limitación en Sociedades a la compensación de pérdidas de las filiales de los grupos consolidados, por el otro. Los dos impuestos sobre banca y energética recaudarán 7.000 millones en dos años, mientras que la restricción a los grandes grupos ingresará 4.500 millones en los dos siguientes ejercicios, según la Airef.